El pasado 5 de diciembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como discriminatorio el excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este proyecto realizado por el ministro Alberto Pérez Dayan y que ha sido aprobado, se determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Dentro de los argumentos mencionados por el ministro destacan los siguientes:

“El trabajo domestico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno”.

Estas condiciones impiden al trabajador doméstico, la oportunidad real al acceso a prestaciones sociales que les protejan contra circunstancias e imprevistos.

Derivado de lo anterior se ha concedido el amparo, y se hace del conocimiento del IMSS esta situación discriminatoria y ordena que, dentro del primer semestre de 2019, se implemente un “programa piloto” que sirva para diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social, que sea sencillo y claro para los patrones y ofrezca protección a las trabajadoras del hogar.

El programa piloto, debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es que algunos casos tengan más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo. Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que los patrones en su mayoría son amas de casa o padres de familia, también establece que este nuevo régimen deberá ser de carácter obligatorio y no voluntario.

La finalidad de este proyecto es que en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación de este, el IMSS se encuentre en posibilidades de proponer al Congreso de la Unión, las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, y en ese sentido, en un plazo no mayor a 3 años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.